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Poder judicial de Puno acata huelga de 48 horas

miércoles, 9 de noviembre de 2011


Los cerca de 500 trabajadores del Distrito Judicial de Puno, en toda la región, acataron desde ayer una paralización nacional de 48 horas en demanda de la continuidad en el pago del Bono de Productividad, que pretende recortar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el año 2012.


En la región altiplánica, las provincias de Puno, Juliaca, Yunguyo, Azángaro, Melgar, Huancané, Lampa, Moho y el distrito fronterizo de Desaguadero acataron de manera total la paralización. Los más perjudicados fueron los litigantes que deberán esperar hasta el jueves para realizar sus trámites ante el Poder Judicial.

A nivel nacional son más de 20 mil los trabajadores judiciales que se verían perjudicados por este recorte, según indicó Walter Torres González, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial en Puno, quien agregó que este pago es efectivo a los trabajadores nombrados y contratados de la entidad estatal.

Torres González sostuvo, asimismo, que de no hallar solución a los pedidos de los servidores judiciales, éstos iniciarían desde el año próximo una paralización indefinida. Como se sabe, este bono se realiza de manera trimestral, y merced al cumplimiento de algunos requisitos de parte de los trabajadores.

En Juliaca
Aproximadamente 180 trabajadores de la zona norte del Distrito Judicial de Puno paralizaron su actividades, en la víspera, en cumplimiento al paro nacional de trabajadores administrativos de este sector, programado para los días 08 y 09 de noviembre.

Vicente Huanacune Maquera, sub secretario general de los trabajadores del Poder Judicial de la región Puno, indicó que son aproximadamente 500 empleados de este sector que acatan esta medida nacional de 48 horas.
Su plataforma se fundamenta en los 93 millones de nuevos soles que piden para garantizar el bono de productividad del 2012, el cumplimiento del bono de homologación, la cancelación de adeudos que les tienen de los meses de septiembre y octubre, y la renovación los contratos 728 y CAS-2012.

No obstante, señaló que su medida no afectará los servicios de audiencias de reos en cárcel, como tampoco las requisitorias por la Policía Judicial, entre otros.
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